Los cambios en la interacción del consumidor con las instituciones financieras y la necesidad de avanzar en materia de inclusión financiera, han llevado a Colombia a trabajar en la construcción de una Política Nacional de Fintech.
Colombia no es ajena a esta realidad. Por eso Colombia Fintech, asociación de empresas Fintech de Colombia, ha fomentado la conversación entre la banca tradicional, startups y entes reguladores para analizar propuestas regulatorias que permitan superar las barreras de acceso y uso de métodos de pago digitales.
“En Colombia, la oferta de los bancos no llega a toda la población, ni a todos los segmentos, entonces ahí es donde las Fintech están empezando a generar valor”, señaló Edwin Zácipa durante su intervención en Bogotá Ciudad Fintech, una jornada realizada en el marco de evento Colombia 4.0. “Vimos que en otros países el movimiento Fintech se empezó a organizar, a construir una agenda con entes gubernamentales y el sector financiero para generar cambios positivos. Casos como Londres, Singapur y México nos motivaron a hacer lo mismo en Colombia”.
El ecosistema Fintech colombiano ha presentado un crecimiento sostenido en los últimos dos años. Mientras que en 2016 se identificaron 77 Fintechs, la cifra creció a 124 en 2017 y, actualmente, el número llega a 218. “Estamos construyendo un ecosistema dinámico de talento, adopción y capital para el desarrollo de los negocios Fintech en Colombia”, afirmó Zácipa.
Ante este panorama Colombia Fintech, en alianza con la Asobancaria, ha trazado un mapa de trabajo para facilitar el diseño de la Política Nacional de Fintech. El propósito es elaborar “un modelo de integración de las entidades financieras y las startups que fomente la co-creación y la co-inversión” a través de tres líneas de trabajo:
Como resultado de este trabajo, el país viene trabajando en una Política Nacional de Fintech que, según Zácipa, va más allá de la Ley Fintech aprobada en México y que permitiría a Colombia consolidarse como el tercer hub de empresas Fintech más importante en América Latina.
“No es una Ley Fintech. Vamos más allá. Es una coordinación interinstitucional para que el gobierno, el sistema financiero y el ecosistema puedan alinearse en torno a cuatro objetivos: cómo desarrollar nuevos mecanismos de financiamiento alternativo, cómo digitalizar en un 100% el sistema de pagos en gobierno, comercio y personas, cómo modernizar la infraestructura y la conectividad de las entidades financieras, y la creación de un marco de flexibilidad jurídica y experimentación en el sistema financiero”.
La propuesta implica abrir las puertas a nuevos jugadores que complementen los esquemas financieros tradicionales a través de un alto componente tecnológico y modelos de negocio disruptivos. Esto plantea un reto para grandes bancos, cooperativas y microfinancieras, que deben invertir en la transformación digital e innovar su oferta de productos y servicios. Solo así, podrán mantenerse competitivas en un entorno en el que el consumidor financiero es quien tiene la última palabra.
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