La última reforma a las disposiciones generales mencionadas en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en México representa un avance significativo en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Esta actualización no solo busca fortalecer las medidas de prevención, sino también alinear las prácticas de las instituciones de crédito (IC) con los estándares internacionales, garantizando un sistema financiero más seguro y robusto.
En este artículo veremos de qué se trata el nuevo marco regulatorio, cuáles son sus objetivos e impacto para las instituciones financieras del país.
El núcleo de esta reforma se centra en mejorar y modernizar las herramientas disponibles para combatir los delitos financieros.
Criterios actualizados para riesgos de financiamiento del terrorismo: las IC deberán identificar, mitigar y combatir riesgos relacionados con esta financiación mediante la adopción de criterios más específicos y actualizados.
Sistemas de alerta especializados: las instituciones deben implementar sistemas de alerta para operaciones que involucren a personas en la Lista de Personas Bloqueadas o a personas políticamente expuestas, asegurando una respuesta rápida y eficaz.
Cuentas de bajo riesgo para mexicanos en el extranjero: se introduce la posibilidad de ofrecer cuentas clasificadas como de bajo riesgo, facilitando el acceso a servicios financieros a mexicanos residentes en el extranjero, con requisitos de identificación simplificados.
Nuevos documentos de identificación: se amplía el espectro de documentos aceptados, incluyendo el CURP temporal vigente y la matrícula consular, lo cual permite una identificación más inclusiva.
Geolocalización como herramienta de mitigación de riesgos: la reforma enfatiza la importancia de la geolocalización para evaluar el grado de riesgo de los clientes, lo cual permitirá a las IC implementar medidas más precisas y efectivas.
La implementación de estas nuevas disposiciones implicará una adaptación significativa en la infraestructura de las instituciones. Los principales cambios son:
Actualización de sistemas: será esencial actualizar los sistemas de gestión de clientes y cumplimiento, integrando las nuevas medidas para garantizar la recopilación y verificación de datos según las normativas vigentes.
Enfoque basado en riesgos: los bancos deberán adoptar este enfoque para la evaluación de clientes, lo que requerirá la implementación de sistemas automatizados para la clasificación y monitoreo continuo.
Fortalecimiento del compliance y auditorías internas: se exigirá un refuerzo en los departamentos de cumplimiento, junto con la realización de auditorías internas más rigurosas para asegurar el cumplimiento de las nuevas regulaciones.
La reforma abre un abanico de oportunidades para el mercado, especialmente en el sector de soluciones tecnológicas y consultoría especializada:
Consultoría y capacitación: las entidades financieras requerirán apoyo en la adaptación de sus políticas y procedimientos, lo que presenta una oportunidad para las consultoras especializadas en cumplimiento regulatorio.
Soluciones tecnológicas avanzadas: la necesidad de implementar herramientas de identificación digital, biometría, autenticación y geolocalización, así como sistemas de análisis y monitoreo de riesgos, generará una demanda creciente por soluciones tecnológicas sofisticadas.
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La reforma al marco regulatorio mexicano en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo no solo refuerza la seguridad del sistema financiero, sino que también abre nuevas oportunidades para las instituciones financieras. Adaptarse a estos cambios no solo es necesario, sino que también ofrece un camino hacia la innovación y el liderazgo en la industria.
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