Los sectores público y privado han aumentado su interés en crear oportunidades para la inclusión social en América Latina como un mecanismo para reducir la vulnerabilidad de los hogares en situación de pobreza.
El Banco Interamericano de Desarrollo ha publicado un reporte que discute las formas en que el sector gubernamental busca implementar políticas que facilitan y amplían el acceso a servicios y tecnologías financieras. Además, analiza cómo el sector privado está empezando a buscar formas de incluir a poblaciones anteriormente excluidos de sistemas financieros nacionales e internacionales.
La mayoría de hogares de bajos ingresos económicos en Latinoamérica no tienen acceso a sistemas financieros formales. Esto se debe a una falta de acceso físico a servicios bancarios en áreas rurales y en algunas áreas urbanas, y a la escasez de políticas internas a para promover el acceso a dichos servicios.
La falta de refuerzo de leyes reducen los niveles de confianza en los usuarios en relación a las entidades externas donde confiar sus recursos. Como resultado, muchas personas de escasos ingresos se abocan a programas y procesos informales; tanto para hacer uso de su dinero como para acceder a préstamos.
Algunas vías alternativas son el préstamo por parte de familia o amigos, o el uso de servicios de prestamistas informales para crisis económicas. Otras alternativas incluyen invertir en cuestiones inmediatas como la educación o en sus pequeñas empresas comerciales.
Según el BID, la inclusión financiera tiene el potencial de suministrarle las herramientas necesarias a las poblaciones para que puedan mantener sus ingresos o medio de subsistencia aun cuando enfrentan situaciones económicas adversas. Se puede dar el uso de sus recursos de forma más efectiva y con menos riesgo que con métodos informales.
Además, la inclusión financiera por medio de un aumento en la red de servicios financieros permite que las personas construyan activos económicos humanos o físicos, y diversifiquen sus ingresos.
Cómo la inclusión financiera reduce vulnerabilidad en segmentos de bajos recursos
El BID reporta que la inclusión financiera puede reducir la vulnerabilidad de la población de escasos recursos de dos maneras:
Hay muchas formas de medir la inclusión financiera. Esto se debe a la gran diversidad de servicios financieros, tecnología financiera, y servicios bancarios que existen.
En el período del 2007-2010k, la encuesta ASBA desarrolló una metodología para inferir la inclusión financiera en diferentes países de América Latina.
Al evaluar los indicadores de acceso a servicios financieros, se examinó el crecimiento de sucursales y de cajeros automáticos. El estudio encontró que, de los servicios financieros disponibles, en Latinoamérica se hace mucho más uso de los depósitos que de los créditos. Los países con más crecimiento en acceso a sucursales incluyeron Uruguay, Panamá, Guatemala, y Chile. Los países con más crecimiento en cajeros automáticos fueron Ecuador, Uruguay, Perú y Bolivia.
Los indicadores de “uso” de servicios y productos no superan el 70% en la mayoría de países de Latinoamérica. En algunos países, no llegan ni al 10% de la población. Los dos productos y servicios financieros evaluados en la encuesta del ASBA dieron como resultado el uso de créditos bancarios y de depósitos bancarios. Bolivia, por ejemplo, tiene el indicador de uso de créditos más bajos con el 9%. El país con el indicador de uso de créditos financieros más alto fue Panamá con el 40%.
En términos del uso de servicios de depósito bancario, los indicadores son más altos. El país con el indicador más bajo es Paraguay con el 8%, y el más alto es Colombia con el 91%. Sin embargo, Chile se encuentra muy por arriba de la realidad de muchos países de América Latina. La mayoría de países tienen indicadores de depósito que oscilan entre el 40 y 70%.
La Federación Latinoamericana de Bancos ha puesto atención significativa en la evolución de las FINTECH a nivel mundial. Más específicamente, la FELABAN ha estudiado las tendencias para desarrollar recomendaciones para mejorar la inclusión financiera en América Latina. Reconoce la importancia de entidades financieras que comprendan las complejidades sociales y contextuales de la región para promover la inclusión financiera.
Estos son los principios enumerados en la reunión G20 realizada en China en 2016:
PRINCIPIO 1: Promover un enfoque digital para la inclusión financiera.
PRINCIPIO 2: Equilibrar la innovación y el riesgo para lograr inclusión financiera digital.
PRINCIPIO 3: Proporcionar un marco de habilitación y proporcionalidad. Marco jurídico y reglamentario de la tecnología digital.
PRINCIPIO 4: Ampliar los servicios financieros digitales.
PRINCIPIO 5: Establecimiento de una gestión financiera digital responsable. Prácticas para proteger a los consumidores.
PRINCIPIO 6: Fortalecer los derechos digitales y financieros. Alfabetización y conciencia.
PRINCIPIO 7: Facilitar la identificación del cliente para los servicios financieros digitales.
PRINCIPIO 8: Seguimiento y avance de la inclusión financiera digital. Mecanismos de promoción de inclusión financiera en América Latina
Para que se puedan alcanzar avances en estos principios en América Latina para el 2020, como se propuso en la G20, es importante que se puedan asegurar una serie de mecanismos para comprender el aspecto socioeconómico y tener un auge de expansión de servicios financieros.
Con base en reflexiones sobre los hallazgos del ASBA y el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), y el CEPAL algunos mecanismos podrían incluir:
Las tendencias de inclusión financiera en América Latina varían significativamente de país en país. Sin embargo, en toda la región, la población enfrenta muchos de los mismos retos socioeconómicos. El aumento en la inclusión financiera puede tener un impacto significativo sobre las oportunidades económicas en la población.
Para lograr una tendencia estable de aumento en indicadores de acceso y uso de servicios financieros, se deben asegurar una serie de mecanismos sociopolíticos y de sociedad civil que permitan comprender las realidades y necesidades de acceso financiero de la población, y promover su inclusión.