Foto: The Economist Intelligence Unit
Bolivia ha sido la gran sorpresa de la región. Ha mostrado síntomas de crecimiento, mientras muchos países están estancados, incluso con cifras de contracción económica. Y no se trata solo de un sutil crecimiento sino el de mayor impacto en el continente.
Durante la década 2004-2014, la economía boliviana creció a una tasa anual promedio del 4,9% debido a los altos precios de las materias primas y una política macroeconómica prudente. Como consecuencia, la pobreza moderada se redujo del 59% al 39% entre 2005 y 2014 y el coeficiente de Gini de desigualdad bajó de 0,60 a 0,47, según datos del Banco Mundial.
Debido a un contexto internacional más retador, el crecimiento del Producto Interno bruto (PIB) se redujo del 5,5% en 2014 al 4,8% en el primer semestre de 2015. Además, se mantuvo una demanda doméstica dinámica debido a que los efectos rezagados de los bajos precios del petróleo sobre los precios de exportación del gas suavizaron la caída de ingresos fiscales, según el mismo informe de ese organismo multilateral.
Con el objetivo de mantener un crecimiento alto, continuar reduciendo la pobreza y mejorar el acceso a servicios básicos, a principios del 2016 fue aprobado el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-2020. Con éste el gobierno prevé que el crecimiento se mantenga, en promedio, en alrededor del 5% entre 2016 y 2020, reduciendo la extrema pobreza del 17% al 10%.
Para ello, incluye un amplio programa de inversiones públicas, financiado en parte con los ahorros acumulados en la bonanza y con nuevo endeudamiento externo. Entre otras áreas de inversión se contemplan la infraestructura, exploración de hidrocarburos y generación termo e hidroeléctrica. El plan también apela a un mayor dinamismo del sector privado y de la inversión extranjera directa.
Todo este movimiento y crecimiento ha beneficiado al sector financiero boliviano que ha sido un actor clave en el desarrollo. Para entender cómo se compone este sector hay que entender cada uno de sus pilares. Por un lado, están los bancos comerciales, la banca pública y el sector microfinanciero, compuesto por los Bancos de Microfinanzas, los Bancos Múltiples y los Bancos PyME (con posibilidad de colocación de créditos a la pequeña y mediana empresa, y a la microempresa), las cooperativas reguladas y las mutuales. Estas instituciones son reguladas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
La legislación actual establece mayor participación del estado en el sector de las microfinanzas bajo la premisa que “las actividades de intermediación financiera y la prestación de servicios financieros, son de interés público” y que “deben cumplir con la función social de contribuir al logro de los objetivos de desarrollo integral para el vivir bien, eliminar la pobreza y la exclusión social y económica de la población”.
En este marco, la ley incluye disposiciones para topes máximos de las tasas de interés para el financiamiento destinado al sector productivo y de vivienda de interés social y niveles de cartera (con cuotas de préstamos destinados a financiar sectores productivos y de vivienda de interés social), niveles mínimos para las tasas pasivas (interés aplicado a los depósitos/ahorros), requisitos especiales para servicios en zonas rurales, tratamiento impositivo, entre lo más destacado. Bolivia ocupó el puesto número 8 en el ranking 2015 del Microscopio Global, elaborado por The Economist Intelligence Unit (EIU), de los mejores entornos para la inclusión financiera a nivel mundial.
Todo esto representa una oportunidad para los bancos. No solo por el crecimiento económico sino por la nueva legislación inclusiva que trasnforma a las entidades financieras en un actor de desarrollo social.
